Leyendo noticias publicadas recientemente con relación a los tratados de libre comercio (TLC), me encontré con una maravilla de noticia acerca del CAFTA (Tratado de Libre Comercio de América Central).
Sucede que una compañía minera canadiense, PACIFIC-RIM, esta a punto de demandar al gobierno de El salvador por la no despreciable suma de 100 millones de dólares; todo porque el gobierno se ha negado sistemáticamente a autorizar la explotación de una mina de oro por no cumplir con las normas ambientales de explotación y preservación de los recursos naturales.
Pero ¿cómo una firma multinacional puede demandar a un gobierno? pues muy fácil, gracias a las clausulas estipuladas en los TLC; para el caso de El Salvador es una denominada "Protección a la Inversión Extranjera" (en el TLC de EEUU y Colombia también hay una de estas). Esta clausula le da el derecho a las multinacionales de llevar a un tribunal de arbitraje internacional a los Estados que, según ellas, no permitan o entorpezcan el libre desarrollo de las actividades de explotación y/o producción por las que hicieron la inversión y de esta forma atenten contra sus intereses económicos.
Nada mas lamentable que eso, con un contrato de regalias de tan solo el 3% sobre la explotación para un país que tiene el 36% de la población por debajo de la línea de pobreza y ahora demandado por proteger sus recursos naturales y su población.
Esta situación me puso a reflexionar sobre el caso colombiano, veamos pues como ha sido el tema de explotación de recursos en el país. No tengo datos de los impactos ambientales, pero tengo algunos datos sobre el impacto en la población civil.
En el año 2001, la EXXON-MOBIL destruyó un pueblito en la Guajira llamado Tabaco (expropiación avalada por el Ministerio de Minas y Energía), con el fin de ampliar la mina del CERREJON, a la fecha los pobladores de Tabaco aún no han sido relocalizados. Cabe anotar que segun nuestra legislacion viegente las regalias por la explotación de "nuestro carbon" son del 10%.
También existe una tesis de maestría de la Universidad de los Andes que se titula "Las empresas transnacionales y el conflicto armado en Colombia : un análisis de políticas de responsabilidad social empresarial" y las cifras que muestra son entristecedoras, el 65% de las violaciones de derechos humanos en Colombia se dan en los territorios donde operan las firmas de explotación multinacionales.
Pero no son solo las mineras, la firma CHIQUITA BRANDS, explotadora de la zona bananera, fue sancionada por un juez de los Estados Unidos por el pago de 1.7 millones de dólares a los grupos paramilitares (AUC) en la región de Uraba, no tengo noticia de que el Estado colombiano haya sancionado a esta firma por los mismos hechos y, hasta donde se, la firma sigue operando como si nada en el país.
Queda cierto sinsabor después de recordar esos hechos y ver como el poder de los grandes emporios industriales y económicos pueden pasar por encima de los derechos fundamentales de la sociedad, esperemos no llegar a tener algún problema como lo tiene El Salvador (aunque no creo que tengamos los pantalones para decirle a una multinacional que no infrinja las leyes en Colombia).
Sucede que una compañía minera canadiense, PACIFIC-RIM, esta a punto de demandar al gobierno de El salvador por la no despreciable suma de 100 millones de dólares; todo porque el gobierno se ha negado sistemáticamente a autorizar la explotación de una mina de oro por no cumplir con las normas ambientales de explotación y preservación de los recursos naturales.
Pero ¿cómo una firma multinacional puede demandar a un gobierno? pues muy fácil, gracias a las clausulas estipuladas en los TLC; para el caso de El Salvador es una denominada "Protección a la Inversión Extranjera" (en el TLC de EEUU y Colombia también hay una de estas). Esta clausula le da el derecho a las multinacionales de llevar a un tribunal de arbitraje internacional a los Estados que, según ellas, no permitan o entorpezcan el libre desarrollo de las actividades de explotación y/o producción por las que hicieron la inversión y de esta forma atenten contra sus intereses económicos.
Nada mas lamentable que eso, con un contrato de regalias de tan solo el 3% sobre la explotación para un país que tiene el 36% de la población por debajo de la línea de pobreza y ahora demandado por proteger sus recursos naturales y su población.
Esta situación me puso a reflexionar sobre el caso colombiano, veamos pues como ha sido el tema de explotación de recursos en el país. No tengo datos de los impactos ambientales, pero tengo algunos datos sobre el impacto en la población civil.
En el año 2001, la EXXON-MOBIL destruyó un pueblito en la Guajira llamado Tabaco (expropiación avalada por el Ministerio de Minas y Energía), con el fin de ampliar la mina del CERREJON, a la fecha los pobladores de Tabaco aún no han sido relocalizados. Cabe anotar que segun nuestra legislacion viegente las regalias por la explotación de "nuestro carbon" son del 10%.
También existe una tesis de maestría de la Universidad de los Andes que se titula "Las empresas transnacionales y el conflicto armado en Colombia : un análisis de políticas de responsabilidad social empresarial" y las cifras que muestra son entristecedoras, el 65% de las violaciones de derechos humanos en Colombia se dan en los territorios donde operan las firmas de explotación multinacionales.
Pero no son solo las mineras, la firma CHIQUITA BRANDS, explotadora de la zona bananera, fue sancionada por un juez de los Estados Unidos por el pago de 1.7 millones de dólares a los grupos paramilitares (AUC) en la región de Uraba, no tengo noticia de que el Estado colombiano haya sancionado a esta firma por los mismos hechos y, hasta donde se, la firma sigue operando como si nada en el país.
Queda cierto sinsabor después de recordar esos hechos y ver como el poder de los grandes emporios industriales y económicos pueden pasar por encima de los derechos fundamentales de la sociedad, esperemos no llegar a tener algún problema como lo tiene El Salvador (aunque no creo que tengamos los pantalones para decirle a una multinacional que no infrinja las leyes en Colombia).
No hay comentarios:
Publicar un comentario